Para entender el razonamiento que sustenta la tesis que postula la inaplicación del artículo 117 de la Constitución, es necesario apuntar algunas consideraciones previas sobre los tratados internacionales y su relación con el principio de jerarquía normativa en el ordenamiento peruano. Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y municipales, disolver el Congreso inconstitucionalmente e impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Esta conclusión se deduce no solo aplicando un criterio formal, sino también un criterio material. Palacios Mc Bride, Rosa María. Miembro del círculo estudiantil Lex Patria – C. Jurídico. la Facultad de Derecho de la PUCP. En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. ¿Estás recién titulado/a y buscas empleo? ¿Es adecuado que los intercambios que involucren intangibles califiquen…, ¿Es la extensión del Derecho al Régimen de Visitas una inclusión…, Ley 31145 y sus implicancias -provisionales – para la independización de…, ¿Actúas por mí? XVI, núm. Huacasi, Wilber. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006). Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. “Control de convencionalidad”. Sí, pero sin malabares... Bachiller en Derecho. En lo que respecta al presidente, el documento describe los hechos que permiten presumir su autoría en los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos llamados Petroperú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Puente Tarata. La mayor colección digital de laProducción científica-tecnológica del país. Examen JNJ: Veintiún preguntas sobre derecho constitucional. cit., pp.
¿Puedes resolverlas? 0 La responsabilidad política del presidente de la República Es necesario, pues, hacer un deslinde conceptual: la lucha contra la corrupción no es un derecho fundamental, sino un principio del Estado Constitucional de Derecho, que, en sede nacional, se desprende implícitamente de los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución vigente[8], y, como consecuencia, constituye una política de Estado integrada al Acuerdo Nacional en lo que concierne a las políticas 24 y 26. Por Vicente Brayan Villalobos Villalobos, Bachiller en Derecho. Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en Legislativo y Ejecutivo en el Perú. 22 (2017), http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19937/19959. Sin embargo, este razonamiento tampoco es válido, porque –como ya lo he advertido– entre la Constitución y los tratados de derechos humanos no hay una relación de jerarquía normativa, sino de adscripción, lo que supone que las normas convencionales pasan a formar parte del derecho constitucional nacional, sea que hayan sido directamente estatuidas en el tratado por el legislador internacional o sean concreciones producto de la interpretación de los tribunales internacionales. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1EovnCeN1iNq8gdXSq24nlV7mT_S6LEe2/view?fbclid=IwAR0WbnXUR93WWcRWO26ayTXzXMFdUad7sCGWW5XePe4s20kcdMSph34PVI4. [18] Cario Roldán, Omar. Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y municipales, disolver el Congreso inconstitucionalmente e impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Pensamiento constitucional, vol. 626-628. Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime. You have entered an incorrect email address! WebEn este articulo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad juridica del presidente de la Republica, segun el ordenamiento constitucional vigente en el Peru. Desde los 90’s la experiencia política ha evidenciado en el Perú una grave crisis institucional como consecuencia del fenómeno de la corrupción en todas las esferas del poder público, sobre todo a nivel de gobierno central. No cabe duda de la existencia de indicios plausibles de corrupción en el gobierno central encabezado por el presidente Pedro Castillo; sin embargo, antes de plantear salidas a este problema debe pensarse que los actos del presente condicionan las circunstancias del futuro. Establece que transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. Esto ha favorecido, en no pocas ocasiones, conductas presidenciales proclives a los excesos políticos y la arbitrariedad. Castillo Córdova, Luis. Sin embargo, esta afirmación es errada. Esto significa que las normas convencionales sobre derechos humanos, una vez ratificadas y estando en vigor, se constitucionalizan (se adscriben a las normas constitucionales directamente estatuidas) por mandato expreso del artículo 55 de la Constitución[12]. Una aproximación a la figura del poder desde…, La exoneración a la venta de valores a través de la…, El ITF como herramienta de la SUNAT para detectar omisiones tributarias…, Escudos fiscales: ¿qué se debe hacer para que sean reconocidos durante…, El ABC de los Impuestos | Clase 11: ¿Qué ocurre cuando…, La economía de opción en materia tributaria, https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/30314/INS138.pdf?sequence=1&isAllowed=y, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf, https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/2858, http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/188, https://www.youtube.com/watch?v=Cl-PPBhbhzA, https://drive.google.com/file/d/1EovnCeN1iNq8gdXSq24nlV7mT_S6LEe2/view?fbclid=IwAR0WbnXUR93WWcRWO26ayTXzXMFdUad7sCGWW5XePe4s20kcdMSph34PVI4, https://www.youtube.com/watch?v=8ycSTy523Go, https://www.youtube.com/watch?v=JSMuR6wakfo, https://www.youtube.com/watch?v=0JJqTRTg724&t=888s, https://drive.google.com/drive/folders/1vOF3A8f2XcRuXu5Ryg7lmRHn_l45FPeb, https://www.facebook.com/omar.sar/videos/644873263820516. 35-46 / ISSN 1027-6769 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). La configuración del derecho a una buena administración como nuevo derecho frente al poder. 10 Constitución Política del Perú de 1993. (27 de agosto de 2022). Además, esta declaratoria de suspensión no es constituye una sanción constitucional, sino una medida de conveniencia política en vista de la grave crisis en la que se encuentra sumida la institución presidencial. Exp. Huacasi, Wilber. (12 de octubre de 2022). Expracticante preprofesional de la Zona Registral N° IX – Sede Lima y expracticante profesional de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Derechos fundamentales y procesos constitucionales. En La República – LR+[En línea]: https://www.youtube.com/watch?v=0JJqTRTg724&t=888s. miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Puede ejercerse control de convencionalidad para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y determinar la responsabilidad constitucional del presidente por causales no previstas en el mismo, bajo el amparo normativo de la referida Convención de Naciones Unidas. Volver a los detalles del artículo La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú Descargar Descargar PDF La responsabilidad jurídica del presidente … ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2384-9771. En, Denuncia constitucional 307/2022-2026. 48-49. En vista del alto grado de concreción de esta regla constitucional, que prevé supuestos taxativos, se deduce que la fiscal solicita en puridad que el Congreso inaplique el artículo 117 de la Constitución para aplicar más bien los artículos 30.2 y 30.3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual –a criterio suyo– es un tratado de derechos humanos. por iniciativa ministerial. WebLa responsabilidad política de los ministros: censura y cuestión de confianza; Antejuicio y juicio político en el Perú; La responsabilidad penal y constitucional del presidente de la república y la vacancia por incapacidad moral; Las funciones legislativas del poder ejecutivo: decretos legislativos y decretos de urgencia Pensamiento constitucional, vol. ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo... TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022]. Maestria en Derecho Constitucional. Ya he transcrito el artículo 117, el cual contiene una disposición con un alto grado de determinación normativa, a tal punto que configura una regla constitucional, por cuanto prevé un mandato cuyo cumplimiento se logra con una conducta precisa: solo procede acusar constitucionalmente al presidente durante su periodo por traición a la patria (acto delictivo); por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral (actos infractores de la Constitución, pero no necesariamente delictivos). Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en … los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Finalmente, se intenta establecer el significado de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, regulada en el artículo 113 de la Constitución, y su relación con las responsabilidades política y jurídica.application/pdfspaPontificia Universidad Católica del PerúPEurn:issn:2223-0262urn:issn:1027-6769Attribution 4.0 Internationalinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0Pensamiento Constitucional; Vol. a los representantes a Congreso, a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los Lima: Zela, segunda edición, p. 632. Artículo 81. Lo cierto es que este salvataje no es políticamente recomendable debido a que su alta indeterminación normativa puede propiciar un uso arbitrario por el parlamento. [3] Rosa María Palacios es de esta opinión, quien además señala que la recogió nuevamente del constitucionalista Luciano López. Dónde estaba el ministro, los asesores presidenciales en materia jurídica. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presen- 22 (2017). [8] El TC ha establecido como doctrina jurisprudencial que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que obliga a “tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello un directo atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país”. No cabe duda de la existencia de indicios plausibles de corrupción en el gobierno central encabezado por el presidente Pedro Castillo; sin embargo, antes de plantear salidas a este problema debe pensarse que los actos del presente condicionan las circunstancias del futuro. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. (27 de agosto de 2022). pp. negado su confianza a dos Consejos de Ministros. 2020. [10] Naciones Unidas. (2012). (2012). WebEl ahora ex ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que el Congreso no consideró necesario realizar consulta alguna a las personas con discapacidad durante el proceso legislativo, al creer que la reforma no afectaba, sino beneficiaba a las personas con discapacidad, sin embargo, “al no consultar de manera … 23-2001), en los siguientes … WebEscuela de Postgrado Maestria en Derecho Constitucional. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. En La Ley[En línea]: https://www.youtube.com/watch?v=JSMuR6wakfo. [6] Castillo Córdova, Luis. [7] La resolución legislativa puede verse aquí. 16, pp. Como bien lo ha advertido el doctor Hakansson Nieto, el aforamiento personalísimo y excepcionalísimo consagrado en el artículo 117 de la Constitución fue previsto por el constituyente para que el presidente no se vea afectado por los avatares de la crispación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Director: Roger Vilca | Fundador: Roger Vilca. Descarga la app de Semana noticias disponible en: LAS RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Convierta a Semana en su fuente de noticias aquí, Tras escándalo por cartel de siluetas de sicarios en Santa Marta, revelan sus rostros como los más buscados, “Otros se han vuelto ricos con la teta del Estado”: Gustavo Bolívar responde las críticas de Marta Lucía Ramírez, Manchester City ‘tropezó' groseramente con el Southampton en la Carabao Cup, “Hablan boludeces sin saber nada”, empresario de Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre el futuro del jugador, Atentos: estas son las suspensiones de agua programadas en Pereira, Desde la ONU, Francia Márquez pidió al fiscal general, Francisco Barbosa, identificar a la organización que intentó atentar contra su vida, Se agita el sonajero por la Alcaldía de Medellín: excongresista del Centro Democrático analiza candidatura. Es decir, a pesar del objetivo plausible e inexorable de esta convención, se deja un margen de apreciación nacional para que los Estados partes adecuen su ordenamiento jurídico de acuerdo a su contexto histórico, social y político. Desde los 90’s la experiencia política ha evidenciado en el Perú una grave crisis institucional como consecuencia del fenómeno de la corrupción en todas las esferas del poder público, sobre todo a nivel de gobierno central. Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o (30 de setiembre de 2004). El artículo 55 de la Constitución establece la técnica de la integración o recepción de los tratados al derecho interno, pues dispone que los celebrados por el Estado, y los que se encuentran en vigor, forman parte del derecho nacional. Lima: Zela, segunda edición, p. 632. – Un análisis hacia el intento de prórroga…. Es decir, a pesar del objetivo plausible e inexorable de esta convención, se deja un margen de apreciación nacional para que los Estados partes adecuen su ordenamiento jurídico de acuerdo a su contexto histórico, social y político. WebColombianos residentes en el exterior. En el derecho peruano la construcción teórica de esta noción es aún precaria; no obstante, de un estudio comparado se advierte que la buena administración tiene una dimensión institucional o principista y otra ius fundamental o de derecho humano. al 3:25 min.). WebTrabaja en el Estado | Servicio Civil. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. Álvarez Miranda, Ernesto. Permanente y ante el Pleno del Congreso. Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. Basta ver a los promotores para saber que con la excepción de unos pocos, caeremos en las mismas personas que cínicamente vienen hablando de cambiar al país y viven inmersos en los vicios políticos que pretender acabar. 12 Puede ejercerse control de convencionalidad para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y determinar la responsabilidad constitucional del presidente por causales no previstas en el mismo, bajo el amparo normativo de la referida Convención de Naciones Unidas. La disposición así formulada es clara en su sentido normativo. Entrevista a Omar Cario Roldán. Véase: https://www.facebook.com/omar.sar/videos/644873263820516 (10:57 min. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Infografía | ¿Qué obligaciones se derivan de los derechos fundamentales? Conocía el presidente la minucia ?, es corriente que los proyectos presentados por el ejecutivo, terminen aprobándola a pupitrazo limpio. [1] Denuncia constitucional 307/2022-2026, p. 375. “Supensión presidencial por incapacidad moral temporal”. Sistema de. Hay quienes afirman que esta Convención de Naciones Unidas califica como un tratado de derechos humanos[3]. Examen JNJ: Ocho preguntas sobre argumentación jurídica. Administra tus finanzas con Banco en línea, solicita tu tarjeta de crédito Banorte, cambia a Nómina Banorte, solicita un crédito hipotecario, fondos de inversión y más. Reitero, esta particular suspensión no deriva de un juicio o antejuicio político, sino de la verificación de un acontecimiento que pone en riesgo temporalmente la investidura presidencial como consecuencia de la situación fáctica o jurídica en la que se encuentra inmerso el presidente, a tal nivel de gravedad que amerita la adopción de una medida provisional hasta que tal impase sea superado; y en caso esto no suceda, la incapacidad devendría en permanente. En conclusión, esta convención sí es una fuente de derecho de origen internacional, integrada al derecho nacional por mandato constitucional del artículo 55, pero de rango legal, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del TC sobre el sistema de fuentes del derecho peruano, al adscribirse a la materia contemplada en el inciso 2 del citado artículo 56 (soberanía, dominio o integridad del Estado). Véase aquí (10:57 min. Deja tu wsp para las diapositivas, No basta apreciación subjetiva para justificar vulneración del derecho al medio ambiente sano y equilibrado [Exp. La disposición así formulada es clara en su sentido normativo. [9] Este principio-derecho fundamental tiene amplio desarrollo en el derecho español. (12 de octubre de 2022). El Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en cambio, ejerce las funciones de vo-cero y coordinador de dicho Consejo, al … Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. La responsabilidad jurídica del presidente de la República, 3. Así, esta prerrogativa condice con nuestra forma de gobierno presidencialista[16] matizada con elementos del parlamentarismo. 13-50. (2012). Actualmente, tenemos a cinco ex presidentes –descontando a Alan García Pérez, quien se suicidó en el 2018– sentenciados o procesados por delitos de corrupción. Web El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así … WebLa lectura de esta investigación de César Delgado-Guembes presenta alternativas para comprender la naturaleza y los límites de la irresponsabilidad política del Presidente de la República en el Perú, que debe enriquecer la literatura y la reflexión ciudadana en general, pero de los académicos y estudiosos del derecho constitucional de modo especial y … Hermida del Llano, Cristina. 1. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf. (2011). Así, esta prerrogativa condice con nuestra forma de gobierno presidencialista[16] matizada con elementos del parlamentarismo. Por supuesto que es imposible saberlo, en todo caso hay un sabor amargo, el ejecutivo no sale bien librado, lo que sí es cierto es que no supo liderar una reforma que tenía todo a su favor, era necesaria y contaba con las mayorías parlamentarias, inexplicablemente al final terminó en una colcha de retazos. Por consiguiente, cualquier control convencional que se pretenda practicar en estos procesos parlamentarios cuasi jurisdiccionales, tendría carácter concreto, no abstracto, ya que el objeto de control no es una norma jurídica, sino la conducta de un alto funcionario público. Infografía | Libre y Leal Competencia: ¿En qué se diferencian? El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. (13 de octubre de 2022). Así, el presidente Pedro Castillo podría ser suspendido del cargo con una votación equivalente a la mitad más uno de los miembros del Congreso (mayoría absoluta), hasta que se termine de resolver su situación jurídica por los cargos de corrupción que se le imputan. En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. funcionario público acusado o inhabilitarlo para el ejercicio para el ejercicio de la función pública hasta por diez WebLEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Última Reforma DOF Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios 13 -04 2020 4 de 62 XXI. Discrepo de esta postura. En síntesis, la tesis fiscal se basa en dos premisas: ¿Esta tesis tiene asidero jurídico? El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. (12 de octubre de 2022). El fundamento de esta proposición de reforma sería precisamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los Estados partes a integrar progresivamente en sus ordenamientos jurídicos los diversos mecanismos de lucha contra la corrupción por ella establecidos, en compatibilidad, claro está, con los principios constitucionales del derecho nacional. 2.5 Responsabilidad administrativa funcional. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). La razón de que se aplique este principio al juicio político del presidente –además de la razonabilidad– es, como ya lo he anotado, el presidencialismo peruano. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=0JJqTRTg724&t=888s (6:10 min. JavaScript is disabled for your browser. En el derecho peruano la construcción teórica de esta noción es aún precaria; no obstante, de un estudio comparado se advierte que la buena administración tiene una dimensión institucional o principista y otra iusfundamental o de derecho humano. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Correo de contacto: [email protected]. El artículo 55 de la Constitución establece la técnica de la integración o recepción de los tratados al derecho interno, pues dispone que los celebrados por el Estado, y los que se encuentran en vigor, forman parte del derecho nacional. Disponible aquí. 22, Núm. El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. [9] Este principio-derecho fundamental tiene amplio desarrollo en el derecho español. El fundamento de esta proposición de reforma sería precisamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los Estados partes a integrar progresivamente en sus ordenamientos jurídicos los diversos mecanismos de lucha contra la corrupción por ella establecidos, en compatibilidad, claro está, con los principios constitucionales del derecho nacional. Buscan forzar la incapacidad temporal para suspender a Pedro Castillo. (2011). “Explicando la denuncia constitucional contra Pedro Castillo”. Ya he transcrito el artículo 117, el cual contiene una disposición con un alto grado de determinación normativa, a tal punto que configura una regla constitucional, por cuanto prevé un mandato cuyo cumplimiento se logra con una conducta precisa: solo procede acusar constitucionalmente al presidente durante su periodo por traición a la patria (acto delictivo); por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral (actos infractores de la Constitución, pero no necesariamente delictivos). Es bueno que el presidente asuma las responsabilidades que le caben en este caso y sobra decir que el congreso deberá hacer lo propio. A&C Revista de Direito Administrativo y Constitucional, vol. Canales de servicio al clienteHorarios de atención Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.Sábados y domingos: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para notificaciones judiciales e-mail: juridica@semana.com. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, sí como los Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. También se examinan los alcances de la prohibición de acusar al presidente de la República durante su período de mandato, prevista en el artículo 117 de la Constitución, por delitos distintos a los mencionados en este artículo constitucional. Profesor de la Maestría en Derecho Constitucional, profesor ordinario asociado de Derecho Constitucional de Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Dejando de lado el aspecto penal contenido en la denuncia, lo que ha generado debate es el argumento constitucional propuesto por la fiscal para fundamentarla ante las instancias parlamentarias. La configuración del derecho a una buena administración como nuevo derecho frente al poder. [7] La resolución legislativa puede verse en: https://drive.google.com/drive/folders/1vOF3A8f2XcRuXu5Ryg7lmRHn_l45FPeb. Resulta bastante curiosa, por no decir que cínica, la posición del presidente frente a la reforma de justicia, pues es imposible asumir tal inocencia y rubor … En, Palacios Mc Bride, Rosa María. [12] Castillo Córdova, Luis. A&C Revista de Direito Administrativo y Constitucional, vol. La convención examinada no tiene como objetivo principal reconocer ni concretizar derechos subjetivos de naturaleza iusfundamental que puedan servir de mecanismos para los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, sino más bien su finalidad es configurar instrumentos destinados a preservar la integridad institucional y legitimad democrática de los Estados partes. Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano. En efecto, un tratado versará sobre derechos humanos cuando sus disposiciones normativas reconozcan –explícita o implícitamente– facultades iusfundamentales (situaciones jurídicas positivas o de ventaja) a favor de los ciudadanos de los Estados partes, a fin de que su garantía pueda ser exigida frente al poder público, a la sociedad y a otros particulares. El colombiano que resida en el exterior, cuyos derechos fundamentales estén siendo amenazados o violados por una autoridad pública de la República de Colombia, podrá interponer acción de tutela por intermedio del defensor del pueblo, de conformidad con lo establecido en el presente decreto. [17] Columna de Ernesto Álvarez Miranda en El Montonero: https://www.youtube.com/watch?v=Cl-PPBhbhzA. Artículo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza Disponible, Hakansson Nieto, Carlos (11 de octubre de 2022). 00604-2018-PA/TC-Cajamarca]. 16, pp. Hakansson Nieto, Carlos (11 de octubre de 2022). Como principio, esta noción dirige el funcionamiento de los órganos que ejercen función administrativa y gubernamental, y está relacionada a otros principios constitucionales, tales como la eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y legalidad administrativa. WebArgentina, oficialmente denominada República Argentina, [g] es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente.Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal.. La Argentina está organizada como un Estado federal descentralizado, integrado desde 1994 por veintitrés Provincias y … legal de miembros del Congreso. Confirman suspensión de servidor responsable de la contratación de ‘Richard Swing’…, Es acto de hostilidad sancionar a trabajadora por no usar mascarilla,…, ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo…, ¿Cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido arbitrario?…, Constitución de deuda por uno de los cónyuges no imposibilita que…. En consecuencia, aunque la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción sea hipotéticamente un tratado de derechos humanos –lo que en realidad no es así por los argumentos esbozados en el acápite anterior– y, por ende, se adscriba a la Constitución, es posible armonizar los artículos 30.2 y 117, respectivamente, aplicando los principios mencionados. XVI, núm. Legislativo y Ejecutivo en el Perú. Veamos. Un Despacho de la Fiscalía de la Nación, que es parte integrante del Ministerio Público, debe actuar siempre con objetividad y como defensor de la legalidad, … Por si fuera poco, y como nota complementaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha publicado un folleto informativo en el cual “se presentan los nueve tratados internacionales fundamentales de derechos humanos que están en vigor y sus protocolos facultativos”, los cuales “son el producto de más de medio siglo de constante labor desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948”[10]; sin embargo, ninguno de ellos es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de lo que se infiere que no forma parte del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados); F.J. 55. [17] Columna de Ernesto Álvarez Miranda en El Montonero. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1vOF3A8f2XcRuXu5Ryg7lmRHn_l45FPeb. Se trata, pues, de un esfuerzo hermenéutico al que están obligados a realizar todos los actores del entramado social y político, y con mayor razón aquellos sujetos cuyas interpretaciones generan efectos jurídicos. Esta conclusión se deduce no solo aplicando un criterio formal, sino también un criterio material. Por otro lado, según García Toma, el antejuicio y juicio político son “mecanismos procesales de control político destinado a promover, de un lado, la defensa y eficacia de las normas e instituciones previstas en la Constitución, contra el abuso del poder en que pudiesen incurrir los altos funcionarios públicos; y del otro, la intervención del órgano judicial –a través de la Corte Suprema– en la investigación, juzgamiento y eventual penalización de determinadas altas autoridades o ex autoridades estatales”[11]. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas – ACNUDH, folleto informativo núm. ¿Puedes resolverlas? 16, pp. La exoneración a la venta de valores a través de la... El Sistema Concursal en el Derecho Peruano. Esta consideración es una de las premisas que fundamenta la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación. Legislativo y Ejecutivo en el Perú. 30 / Rev. Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y … Exp. Lo que no se entiende es la magnitud de los micos incorporados en la cara de un súper-ministro, con un performance inigualable en la materia. [1] Denuncia constitucional 307/2022-2026, p. 375. A propósito de esta última disposición algunos constitucionalistas, como Omar Sar, han afirmado que las convenciones sobre esta materia tienen rango supralegal, al formar parte del bloque de constitucionalidad (parámetros de interpretación de las leyes), pero de rango infra constitucional pues la Norma Fundamental no le otorga esta jerarquía suprema[5]; mientras que otros, como Castillo Córdova, sostienen más bien que “estas normas convencionales se integran al sistema jurídico nacional en su nivel constitucional, conformando el derecho convencional constitucionalizado que se adhiere a la norma constitucional directamente estatuida”, razón por la cual “se les debe denominar como normas constitucionales adscriptas de origen convencional”[6]. AUN CUANDO SE SUELE PENSAR QUE la jurídica es la única clase de responsabilidad que puede predicarse de los funcionarios públicos, lo cierto es que también existe respecto de ellos una de carácter político. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. Sobre esta idea volveré más adelante. Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Hacia una reforma constitucional Francisco Eguiguren Jefe del Departamento de Derecho de la PUCP Síntesis: El ordenamiento constitucional vigente contempla pocas causales para la acusación del Presidente de la República, en caso incurra en algún delito de función o infracción constitucional realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Bajo el estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Como se sabe, el mencionado artículo 117 establece una prerrogativa funcionarial a favor de la institución presidencial, cuyo propósito es neutralizar las acusaciones de naturaleza netamente política efectuadas contra el presidente y así preservar la estabilidad gubernamental. (2012). Así, para mermar el problema que la irresponsabilidad acarrea, se propone la realización de una reforma constitucional que regule de manera taxativa otras causales de acusación presidencial, distintas de las previstas actualmente en el artículo 117° de la Constitución peruana. Op. Para facilitar las oportunidades de empleo a las nuevas generaciones recién tituladas, desde hoy podrás buscar directamente las ofertas de servicios públicos que no piden experiencia previa Porque creemos que incorporar nuevos talentos es un aporte para el Estado y para la entrega de … El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus ex ministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. 12, núm. Nota: respecto a Responsabilidad del Presidente de la República en un contexto de técnica legislativa en general, existe una entrada sobre Responsabilidad del Presidente de la República en la enciclopedia jurídica internacional, donde el lector podrá encontrar un enfoque más global y detallado del tema. En lo personal, encuentro viable esta propuesta, porque, al no precisar si se trata de incapacidad física o moral, habría que entender que comprende ambos supuestos debido a que se trata de una disposición que busca resguardar la investidura presidencial. (07 de octubre de 2022). (2011). Editorial | Asilo político a la familia de Pedro Castillo: ¿Una…, Entre lo evidente y lo justo: Análisis del peligro procesal y…, 07.12.22 – Analizando el [fallido] golpe de Estado de Pedro Castillo, El fallo del TC que permite la postulación de condenados por…, La prohibición legal de la reventa de entradas a espectáculos: ¿Es…, Análisis de la sentencia emitida por la CIDH en el Caso…, Tribunal Constitucional ordena el derribo del llamado “muro de la vergüenza”…, ¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? al 3:25 min.). Conclusiones Referencias Pensamiento Constitucional N° 20, 2015, pp. Derechos fundamentales y procesos constitucionales. WebEn este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. 2. En este folleto se consignan como tratados de derechos humanos a los siguientes: [11] García Toma, Víctor. Escuela de Postgrado. El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus exministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. Como se sabe, el mencionado artículo 117 establece una prerrogativa funcionarial a favor de la institución presidencial, cuyo propósito es neutralizar las acusaciones de naturaleza netamente política efectuadas contra el presidente y así preservar la estabilidad gubernamental. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión WebA la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente. Volumen 1: Teoría general de los derechos fundamentales. 12, núm. Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados). Por ello, hace falta un norma constitucional capaz de brindar soluciones a las crisis políticas, limitando a su vez el poder político del parlamento, a fin de proscribir la arbitrariedad que supone el desvió o abuso del poder.". Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente. No pasará nada, aquí nunca pasa nada, dice mi amigo Enrique Cortes. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Examen JNJ: Diez preguntas sobre derecho de contratos. WebEscuchar: Responsabilidad política y responsabilidad jurídica 0:00. El ex magistrado del TC Álvarez Miranda ha planteado la solución de aplicar el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución, según el cual la Presidencia de la República se suspende por incapacidad permanente del presidente, declarada por el Congreso[17]. Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime. Por lo dicho hasta aquí, opino que hay dos soluciones sensatas, una aplicable para la crisis política actual y otra con vocación de permanencia normativa. También se... http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19937/19959, La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú, La responsabilidad política de los altos funcionarios del estado, Precisiones conceptuales entre, antejuicio político, juicio político y acusación constitucional en la responsabilidad de los altos funcionarios del estado, La permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en la legislación peruana, oai:repositorio.pucp.edu.pe:123456789/132924. La convención mencionada no tiene esta característica, sino más bien es un instrumento que vincula a los Estados partes a adecuar su ordenamiento jurídico y a diseñar sus planes y políticas públicas para prevenir, combatir, sancionar y erradicar la corrupción en todos los niveles y esferas del sector estatal. Exp. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. Señala textualmente que: El control de convencionalidad implica, también, la tarea de una «interpretación conforme» de nuestras normas de derecho interno (incluidas las constitucionales) con las supranacionales. Cuando la ley señale un plazo superior para resolver la petición sin … WebPor la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. La falta de precisión sobre la ubicación jerárquica de estos instrumentos internacionales dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho, llevó al Tribunal Constitucional (TC) a sostener que, por regla, tienen rango legal, sean ordinarios, ejecutivos o de habilitación legislativa[4]; sin embargo, en cuanto a los tratados de derechos humanos, el Tribunal señaló adicionalmente que estos son incorporados al derecho nacional a través de la integración o recepción interpretativa por mandato de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en virtud de la cual “las normas relativas a los derechos y libertades reconocidas en la carta fundamental se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
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