principios constitucionales perú monografiasestadistica inferencial pc 1 utp
Curso de derecho procesal civil / Gian antonio Micheli ; traducción de Santiago Sentís Melendo. Jurisdicción de la Corte Suprema limitada a fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema. Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. El debido proceso impide que un inculpado se le desvíe de la jurisdicción establecida previamente por la ley o se le someta a trámites y procedimientos distintos de los legalmente fijados, o que se le juzgue por tribunales creados especialmente, sea cual fuese su designación. De la que se pueda deducir la culpabilidad del procesado. Su valor se acrecienta, expresa MONTERO AROCA, cuando pueden ampararse en ellas garantías concretas que, por la circunstancia que fuere, no quedaron incluidas de modo expreso en la Constitución. Son principios genéricos aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. También comprende lograr la información que éstos puedan proporcionar y, en su caso, a posibilitar careos o confrontaciones con testigos de cargo o coimputados. El derecho a la tutela jurisdiccional (art. Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades ju-rídicas existentes. Ejemplos eluniversocom. Castillo, L. (2011). 2°. 139°.2 Const.). La averiguación de la verdad no puede hacerse a cualquier precio. La primera condición para ejercer este derecho de este derecho es que se incumplan los plazos previstos en la ley; corresponde a la autoridad judicial, por imperio del principio de impulso de oficio, vigilar y subsanar, en su caso, el cumplimiento de los plazos procesales. Su vulneración se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquella obligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones que se formulen. 1.-Los cuatro métodos clásicos de interpretación, su juego combinado. Tenemos -continúa explicando- una persecución de oficio del delito (arts. La garantía de la publicidad del proceso penal, a su vez exige la incorporación de los principios de oralidad, inmediación y concentración, este último muy relacionado con la garantía de celeridad procesal. Sagástegui Urteaga, Pedro. Const.). El proceso debe asegurar a las partes, a tono con los principios de contradicción e igualdad, la posibilidad de que puedan presentar sus alegatos e intervenir ampliamente en él. : México, D.F. Principios procesales constitucionales peruanos (página 2) Partes: 1, 2 Derecho de ser informado, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención (art. Los demás derechos instrumentales glosados en dichos instrumentos internacionales guardan relación con el debido proceso (derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la no autoincriminación y a utilizar la prueba pertinente), en cuanto garantía genérica, y el derecho al recurso en cuanto garantía específica. Privilegio del miembro del Tribunal Constitucional a la inmunidad jurisdiccional al igual que los congresistas (art. Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las partes, en atención a la acusación fiscal. Abogado, Vicepresidente de la comisión Reformadora del Código Procesal Civil. México, D.F. Todo Estado debe conceder tutela jurídica a todo aquel que lo pide, y con derecho a un debido proceso, que se entiende como el Derecho Fundamental de los Justiciables, y con esto alude a su derecho de acción y también usar mecanismos procesales pre establecidos en la ley, con el fin de defender su derecho durante el proceso. La potestad jurisdiccional emana del pueblo, reza el art. El imputado también tiene el derecho: a) a que se le dé el status de parte para poder contestar la pretensión punitiva, la cual debe preceder al acto de defensa y serle debidamente notificada; y, b) a la "última palabra", en tanto derecho potestativo a que la sentencia se dicte luego de que se le dé la oportunidad de expresar lo que tiene que decir al finalizar la actividad procesal (arts. Es de distinguir, siguiendo a Pico I JUNOY, dos modos de apreciar la imparcialidad judicial: una subjetiva, que se refiere a la convicción personal de un juez determinado respecto al caso concreto y a las partes; y otra objetiva, que incide sobre las garantías suficientes que debe reunir el juzgador en su actuación respecto al objeto mismo del proceso. Este principio consagra la posibilidad que las resoluciones judiciales puedan ser objetos de revisión por una instancia superior. Procesos Constitucionales Monografia de connsti son apuntes que ayudaran en algunas investigaciones Universidad Universidad César Vallejo Asignatura Mecanismos alternativos de conflicto Año académico 2020/2021 ¿Ha sido útil? El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Así, por ejemplo, tendrían nivel constitucional, a mérito de lo estipulado por la Cuarta Disposición Final de la Ley Fundamental, las siguientes: La garantía de la no incriminación (art. El de contradicción, de carácter estructural al igual que la igualdad, y el acusatorio, vinculado al objeto del proceso al igual que los de legalidad-oportunidad. NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS EN EL PERÚ Clic para tuitear. El debido proceso comprende numerosas instituciones relacionadas tanto con las partes como con la jurisdicción que han de preservar la certeza en el proceso. Es de significar que el acceso a las pruebas sólo podrá denegarse cuando se haya declarado el secreto de las actuaciones de la instrucción, en las condiciones exigidas por el art. Sin ellos la publicidad pierde esencia y se transforma en una reunión de actos sin unidad de sentido y con la posibilidad muy seria de tergiversarse. 2°.24.h’ Const.). Derecho a no ser incomunicado, salvo con fines penales. Se reconocen la libertad de información así como el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. El derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes. cumplan las leyes, derecho a que no se vulnere la constitución, etc. 279° del C de PP de 1940 v 301° del CPP de 1991). Sede San Isidro Este proceso judicial debe ser llevado por los jueces, designados por ley y dentro de la normativa sustantiva y procesal que corresponda. Él es quien tiene el señorío y el poder de decisión sobre su propia declaración. principios y derechos, que se encuentran precisados en la Constitución y la ley. Número Enlace; 1 Democracia representativa : 2 Pluralismo : 3 Principio de competencia : 4 Principio de Proporcionabilidad . Las Garantías Constitucionales están diseñadas para cautelar derechos. 159°. El Ministerio Público, desde esta perspectiva de la defensa como limitación al poder estatal, no tiene derecho de defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria. Sus principales efectos son los siguientes: La no declaración no permite inferencias de culpabilidad (no es un indicio de culpabilidad). Nuevo Código Procesal Constitucional Artículo VIII. Continue Reading. Principios procesales en los procesos constitucionales, 24.1 Principios del proceso: a) La autoridad del Juez constitucional, b) El principio de igualdad, c) El Juez natural, d) La bilateralidad y contradicción delproceso constitucional; 24.2 Los Se trata, en ambos casos, de una vasta relación de cláusulas de relevancia constitucional que definen los aspectos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación del objeto procesal y régimen de actuación de las partes (proceso), así como de la actuación formal de la pretensión punitiva y de su resistencia hasta la sentencia definitiva (procedimiento). Las garantías constitucionales en el Perú. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización. La segunda es aquella que respeta otros derechos fundamentales y no quebranta disposición ordenatoria alguna de la actividad probatoria. Pueden ser reconducidas, según FERRAJOLI, a cuatro axiomas: nulla culpa sine indicio, nullum iudicium sine accusatione, nulla accusatione sine probalione y nulla probatio sine defensum. e) de la Constitución configura a la presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. 149° Const.). Al respecto, Carlos CARBONELL MATEU señala que esta garantía afecta a la aplicación de varias normas que se refieran a tina identidad de sujeto, hecho y fundamento, esto es, que a un mismo individuo, como consecuencia de la realización de una misma conducta y de la producción de un mismo resultado, no se le pueden aplicar dos normas distintas cuya fundamentación sea la misma tutela del mismo bien jurídico. La defensa material comprende el derecho del imputado a hacer valer su propia defensa, ya sea contestando la imputación, negándola, guardando silencio, o bien conformándose con la pretensión del fiscal. Con el propósito de caracterizar la tutela que reciben las políticas de información en la legislación argentina, se expone la forma como se conciben en la cultura del país, así como el marco conceptual que establece sus características, el origen y las particularidades del derecho de acceso a la información y las principales acciones que se han llevado a cabo en el país durante las . Derecho a no ser víctima de violencia, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Son, entre otras, las siguientes: Derecho de igualdad procesal (art. Según MORENO CATENA, el juez puede alegar, por cierto, el incumplimiento de presupuestos procesales y requisitos de forma -siempre esenciales- exigidos por la ley, cuya legitimidad estará condicionada a que interprete la ley, en estos casos, restrictivamente y del modo más conforme con el principio pro actione o favor actionis. Al respecto, apunta BINDER, el ejercicio personal de defensa del imputado exige asumir que "la declaración del imputado es la oportunidad que se le otorga (…) para presentar su versión de los hechos, ofrecer su descargo, proponer pruebas y establecer un contacto directo con las personas que tienen a su cargo la preparación de la acusación o, directamente, el juicio". Buenos Aires : Valerio Abeledo, 1919. Estas consideraciones no obstan, sin duda alguna, a la especial configuración y rol del Ministerio Público, en cuanto conductor de la investigación del delito, promotor de la acción penal y guardián de la legalidad (art. En materia penal, todos los inculpados tiene el derecho a un defensor de oficio. 173° Const.). ), al punto que la jurisprudencia ha estipulado que su vulneración es causal de nulidad. 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos, señala que, en efecto, "la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia". Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho fundamental en la Constitución, garantiza que ambas partes procesales gocen de los medios de ataque y de defensa y de la igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, cuya vulneración produce indefensión. PRINCIPIOS GENERALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. PROCESO DE REFORMA Y EL SENTIMIENTO CONSTITUCIONAL 2.5. Este principio se encuentra implícito en el art. 8°.2.’g’ CADH). Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Pueden ser llamados también como principios fundamentales. A la igualdad ante la ley. El derecho de interrogar a testigos y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, o de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos: derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC / Dentro de los pre clásicos se encuentran los mercantilistas y los fisiócratas. La finalidad que tenemos a realizar esta monografía es dar a conocer a nuestros receptores las diferentes modalidades en que pueden hacer respetar sus derechos y hasta que punto pueden actuar sin infringir los derechos de sus semejantes. 139°.15 Const.). 139°.18 reconoce como un principio de la función jurisdiccional "La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida". PRINCIPIOS Según la Universidad libre, 2021 nos dice que los estatutos de la Universidad, aprobados por la Sala General mediante un Acuerdo, define los principios, como a continuación se presenta: La Universidad se rige por los siguientes principios: libertad de cátedra, examen y aprendizaje, universalidad, pluralismo ideológico, moralidad . Figura Nº 02: Liberalismo y democracia Fuente: Elaboración propia. Los asuntos penales son demasiado importantes como para que se los pueda tratar secretamente. Para nuestro ordenamiento jurídico de raíz eurocontinental, el debido proceso es una cláusula de carácter general y residual o subsidiaria; por tanto, constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria -orgánica y procesal-, en cuanto ellas sean concordes con el fin de justicia a que está destinado la tramitación de un caso judicial penal o cuyo incumplimiento ocasiona graves efectos en la regularidad -equitativa y justo- del procedimiento. Se trata de defender un derecho o interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, sea porque se pretende algo o porque, al contrario, nos oponemos a esa pretensión, requiriendo que ella no prospere. México, D.F. El juez no está obligado a aceptar el título de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico-penal siempre que respete el bien o interés jurídico vulnerado. Fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DERECHO PENAL Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS REFERENDUM TEST DE PROPORCIONALIDAD TEST DE RAZONABILIDAD TRANSPARENCIA . 43° y 44° Const.) De igual manera, está integrada a dicha garantía genérica, en cuanto es parte indispensable de un enjuiciamiento equitativo que limite el poder del aparato estatal, la garantía del ne bis in ídem, el mismo que tiene un doble significado: procesal, según el cual nadie puede ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos, y material, en virtud del cual nadie puede ser sancionado dos veces por una misma conducta. La primera exigencia consiste en que no es posible aplicar una doble sanción, siempre que se presente la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, esto es, cuando existe una misma ilicitud, de suerte que en el campo administrativo -donde se presentan los mayores problemas en su relación con la jurisdicción penal- estará vedada imponer al funcionario o servidor una sanción adicional a la penal cuando el interés jurídicamente protegido sea el mismo que el protegido por el tipo penal, no siendo suficiente al respecto la sola invocación de las relaciones de especial sujeción con la Administración. 139°.3 de la Ley Fundamental también incorpora esta garantía específica en el conjunto de las reglas genéricas de protección del ciudadano en el curso de un proceso judicial. La ilustración de los cargos por la policía, fiscalía u órgano jurisdiccional, como deber correlativo al derecho de información del imputado, no sólo se circunscribe a la medida cautelar de detención, sino que se extiende, por imperio del art. Teoría General del Proceso. La denuncia y la resolución judicial admisoria de la misma no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso (art. Ex catedrático de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de Montevideo. El Proceso. La Constitucin Poltica del Per es la Carta Magna sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del pas. A este respecto, el art. Principio de no ser condenado en ausencia (art. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 48 f) Acción de Cumplimiento 48 ANTECEDENTES EN EL PERÚ: 49 DEFINICIÓN 49 FINALIDAD 49 PROCEDENCIA 50 CARACTERÍSTICAS 51 ¿EN QUÉ CASOS NO PROCEDE? Se asienta en dos ideas: a) exigencia de auténticos actos de prueba; y, b) el principio de libre valoración o criterio de conciencia por los jueces ordinarios en su valoración. La máxima de la oficialidad, enseña Eberhard SCHMIDT, domina el proceso penal en un doble aspecto: a) que la policía y la fiscalía no tienen necesidad de esperar a que los particulares denuncien los hechos delictivos, sino que deben intervenir de oficio frente a posibles sospechas y disponer la investigación necesaria para su aplicación; y, b) llegado en su totalidad el proceso a manos del órgano jurisdiccional por la promoción de la acción penal, tiene el deber de continuarlo de oficio dictando la resolución final que resuelva el conflicto jurídico-penal. En ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específicas. 159°.5 Const. Imp Mendoza: Jurídicas Cuyo, 1999. Esta concentración, además, es posible porque el juicio oral está precedido de la instrucción, regido por el principio de eventualidad, y porque la fase intermedia tiende a purgar el procedimiento de obstáculos procesales. Principios constitucionales. El público puede asistir personal o físicamente a las actuaciones judiciales (publicidad inmediata) o puede acceder a ellas mediante la interposición de algún medio de comunicación social (publicidad mediata). e’ Const. Siguiendo a Oscar Paciello Candia (6), ciudadano constituyente de 1.992, el reconocimiento de la dignidad humana, es la expresión política más importante del constituyente, por ser el elemento anterior y fundante del nuevo sistema constitucional. 209 - San Isidro - Lima / Teléfono: (01) 4403589. Maria Alvarez De Maio. 2°. Tal directiva obliga a configurar el proceso respetando la verdad material (art. No hay proceso judicial por comisión o delegación. Ello es así, explica DE LA OLIVA SANTOS, por la convicción de que sólo se administra justicia penal con garantías de acierto si el Juez o los Magistrados que han de dictar sentencia tras la vista oral no han intervenido en la fase de instrucción o preliminar y carecen, por tanto, de las prevenciones o prejuicios que se suponen prácticamente inevitables como consecuencia de una labor de instrucción o investigación. Por ello es que la investigación en nuestro ordenamiento jurídico no puede -no debe- producir nada definitivo con relación al objeto del proceso, pues sólo procura establecer si existen sospechas suficientes de la existencia de una acción punible; la tarea del Fiscal no es la sentencia, sino la acusación (art. Al derecho de probar y controlar la prueba, en cuanto necesidad de equiparar las posibilidades del imputado respecto de las del acusador. Por: Enrique Véscovi. 139°.2 de la Constitución. 141° Const.). 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye que todas las personas tienen el derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional. 139°.14 de la Constitución reconoce "El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. El principio de inmediación, referente a la relación entre el juez y el objeto procesal, significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia. 139°.3 Const.). Su eficacia y contenido se encuentran a merced de las transformaciones estatales. Este derecho vulnerado exige de parte de la autoridad judicial su inmediato restablecimiento, vale decir, la emisión de la resolución cuya tardanza se ha puesto de manifiesto, sin perjuicio -en su caso- de declarar el derecho indemnizatorio que asiste al perjudicado; por el Estado, si la dilación se debe a un funcionamiento anormal de la administración de justicia, o por el particular culpable, si a él se debe la dilación indebida. La Constitución Política del Perú es la Carta Magna sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del país. Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. ESTUDIOS CONSTITUCIONALES ESTUDIOS DE LA ACADEMIA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA . Dice la Lev Superior: "Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Vol. Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos; organiza los poderes e instituciones polticas. : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974 (reimpr. ASIGNATURA APROBADA EN LA CARRERA DE DERECHO---UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI--PERU-- by pedro5alejandro5re-1 in Orphan Interests > Government El derecho a la tutela judicial también comprende el derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, salvo que exista una causa impeditiva prevista en la ley. Fue redactada por el Congreso Constituyente Democrtico. Resulta interesante el Fundamento jurídico N° 7 del fallo constitucional, porque, primero, integra el non bis in idem -tal como así lo rotula- dentro del derecho al debido proceso del art. Por otro lado, resulta trascendental al efecto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el "Caso Loayza Tamayo", que estableció que si la justicia militar al dictar una sentencia se pronuncia sobre los hechos objeto de la acusación, valorando los elementos probatorios del comportamiento atribuido, no es posible que esos mismos hechos, bajo otra perspectiva jurídica, sean de conocimiento por la justicia ordinaria. Reconocida legislativamente por el art. . La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propicia una causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo. El derecho a la ejecución cierra el derecho a la tutela judicial. 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cualquier acusación, sin interesar la medida cautelar dictada contra el imputado. Principio de la inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos (art. En cuanto a la tutela jurisdiccional debemos decir que el Estado tiene la obligación de proteger a toda persona que se ve lesionada en sus derechos y que acude a solicitarle justicia. Prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada (cosa juzgada) (art. 139°.5 Const. Buenos Aires : Ediciones Jurídicas Europa–América, 1970. Una vez promovida la acción penal, los agraviados están autorizados a constituirse en parte civil, sin perjuicio que decidan -sin condicionamiento alguno- acudir a la vía civil interponiendo una demanda de indemnización. Dicha norma no distingue entre ley material y ley procesal, por lo que es una proyección del genérico principio de igualdad del aludido artículo con el derecho al debido proceso del art. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a determinados Altos Dignatarios por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones v hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas (art. Independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional (art. Es sabido que en el proceso judicial moderno, fruto del Estado de Derecho, la Constitución adquiere una gran relevancia, no sólo porque ocupa la posición de primer nivel en el ordenamiento jurídico (art. Estas garantías, en cuanto tales, se proyectan en bloque en todo el ámbito procesal penal; son expansivas y polivalentes, pues una misma garantía tanto se la encuentra en una fase del proceso como en otra. puesto que representa la posibilidad de control por parte de la comunidad del cumplimiento de los especiales presupuestos de la comprensión escénica y, asimismo, la posibilidad de autolegitimación de las decisiones de los miembros de la Administración de Justicia. El imputado no puede ser sometido a un doble riesgo real.El Tribunal Constitucional en el "Caso Dante Damas Espinoza" estimó que si por los mismos hechos la justicia ordinaria sobreseyó la causa a favor de un inculpado, no es posible que la justicia militar se aboque a su conocimiento y dicte una sentencia condenatoria, pese a que inclusive la declinatoria de jurisdicción había sido resuelta por la Corte Suprema a favor de la jurisdicción ordinaria. 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que si no se comparten los fundamentos del dictamen fiscal deben consignarse los que correspondan. Derecho al secreto profesional (art. : Oxford University Press, c2000. Privilegio de inmunidad jurisdiccional del Defensor del Pueblo, a semejanza de los congresistas (art. 2.-Un planteamiento propio. Además, impide que la ley cree prohibiciones que impidan declarar a una clase de testigos con base en categorías a priori, v.
Cantabria Inmobiliaria, Ley Sobre El Comercio Ambulatorio, Paraguay Clasifica Al Mundial 2022, Donde Operan Gratis Los Ojos, Microentorno Canales De Distribución, Madre De Dios Provincias Y Distritos,
